La Casa de Austria trató de paliar sus penurias mediante la emisión de moneda de vellón. Consistía en reducir la cantidad de plata en las monedas acuñadas, sustituyéndola por cobre y, de esta forma, aumentar el dinero en circulación sin emplear una mayor cantidad de metal precioso. Este sencillo remedio, a modo de alquimia, permitió, a corto plazo, que la Real Hacienda dispusiese de una liquidez mayor. Si faltaban reales se acuñaban más y todos felices. Sin embargo fue un ardid pernicioso. La emisión de vellón puso en circulación un dinero envilecido del que todos se querían desprender, provocó una evidente subida de los precios que agravó la tendencia inflacionista vivida en España desde el siglo XVI y, como por ensalmo, la plata dejó de circular. La moneda de vellón pronto fue rechazada por toda la sociedad española del siglo XVII. Todos querían pagar con cobre y cobrar en plata. Ya, de manera relativamente temprana, el jesuita Juan de Mariana condenó, con los más duros términos, estas acuñaciones considerándolas una desvergüenza. También los procuradores de Cortes, en nombre de sus ciudades, manifestaron lo que era opinión general en todo el Reino y, siempre que pudieron, pidieron a la Corona que dejase de ordenar estas emisiones. Justificaciones no faltaban según la Corte y los consejos: las necesidades eran muchas, graves los compromisos y pocos los medios para afrontarlos. Estaban en juego la unidad católica de Europa, la conservación de los reinos de la Monarquía y el tener la guerra fuera, bien lejos de las fronteras de España.
La Corona consciente del mal y de la impopularidad asociados a esta política monetaria decidió en 1628 reducir a la mitad el valor nominal de todas las piezas de vellón. Fue una rigurosa medida deflacionaria. Con este proyecto, la Corona pretendía aumentar la circulación de la plata además de bajar los precios y controlar el caos monetario vigente. Si bien el Rey podía decidir lo que considerase oportuno al respecto, no era prudente ir por las bravas. Era una decisión que se debía tomar con mucha prudencia. A la altura de ese año, 1628, los españoles ya estaban muy escarmentados en materia de arbitrios, tributos y manipulaciones monetarias. La precipitación en estas cuestiones podían ser el camino seguro hacia el motín y la algarada. Tampoco era conveniente dar pie a que circulasen memoriales, sátiras y pasquines. A los españoles del seiscientos les apasionaban estas controversias. Aquí, hasta los más rústicos sabían de arbitrios y se hablaba de encabezamientos y alcabalas. El tiempo era bueno, más que avanzado el verano, y nada mejor que comentar, en nerviosa tertulia, las noticias políticas. Ordenó el Rey consultar, de manera directa, a las ciudades con voto en Cortes y a otras que, sin tener voto en éstas, eran especialmente relevantes. Los corregidores recibieron instrucciones desde el Consejo de Castilla para que las deliberaciones se realizasen con la mayor discreción e incluso en secreto. Había razones para ello. Debe tenerse en cuenta que en estas reuniones sólo participaron los miembros de las oligarquías locales que controlaban los cabildos municipales. Los vecinos de las ciudades, y no digamos los de las villas y lugares, quedaban al margen de tales discusiones. Tenían, sin embargo, las plazuelas y las gradas de las iglesias. El sigilo exigido prueba que se tenía muy en cuenta la opinión de los vecinos, del pueblo llano, y que se temía su reacción. No era para menos.
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