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VARAS DE ALGUACIL

Ilustración: BNE CC

En el Antiguo Régimen buena parte de los oficios o cargos públicos se compraban, vendían, arrendaban y heredaban. Hasta se vinculaban a los mayorazgos. También se hipotecaban para obtener, en momentos de cierto apuro, dinero contante y sonante. Era una práctica que se consideraba absolutamente normal y, por supuesto, no sólo en España. Se mantuvo durante siglos y estuvo vigente hasta la desaparición del absolutismo, en las primeras décadas del XIX. Los liberales abolieron estas transacciones al considerarlas vestigios del despotismo y consecuencia de un concepto patrimonial del Estado. La Corona vendía oficios para, entre otras razones, obtener fondos. También para premiar fidelidades y conceder mercedes. Un ejemplo tardío de lo descrito tuvo lugar en Madrid, en 1814, cuando Clara Fernández, viuda de Vicente Gandulla, solicitó a la Cámara de Castilla que se le concediese a uno de sus hijos, el mayor, una vara de alguacil de la Villa y Corte*. Alegaba que su marido había comprado dos varas en 1805 pagando por ellas 10.750 y 12.500 reales a sus propietarios, llamados Jerómimo Costa y Antonio Pedraza. Éstos eran dos alguaciles que, junto a seis más, habían sido premiados con la posesión vitalicia de sus varas por prestar servicio en "las funciones de toros que hubo en celebridad del feliz casamiento de VM [Fernando VII] concediendoles también la facultad de enagenar" dichos oficios. Los toros se jugaron en las fiestas reales organizadas en  Madrid, con motivo del enlace del Rey con Doña Antonia de Nápoles, el 19 de julio de 1803. Los dos alguaciles citados, en uso de su privilegio, se las vendieron al dicho Gandulla que las adquirió, según su viuda, como inversión "para asegurar un moderado rendimiento o interésa aquellas sumas y poder por consiguiente atender con más facilidad a las necesidades de su familia". El mencionado rendimiento se podía obtener mediante el arrendamiento de los oficios o, llegado el caso, con su posterior venta. Los algucilazgos, según la licencia real concedida a Gandulla, sólo podían ser ejercidos por personas "que fuesen adornadas de las qualidades de idoneidad y providad". Eran requisitos que, según Clara Fernández, cumplía sobradamente su hijo por lo que rogaba a Fernando VII, apelando a su condición de "grande, benéfico y padre de huérfanos", le concediese al menos una de las varas y, de esa manera, aliviar "a esta infeliz familia, privada de su padre, enbuelta en luto y desconsuelo y reducida a la mayor mendicidad".  No queda aclarada, en su petición al Rey, las causas por las que perdieron la propiedad de los dos oficios. Es posible que se relacionasen con la guerra y las reformas liberales. Aducía la viuda que la concesión de una de las varas podría considerarse una "recompensa o indemnización de lo que la han perjudicado y hecho perder los enemigos", refiriéndose a los franceses.
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* La solicitud de Clara Fernández en: Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 1.403, expediente 62, 4-8-1814)

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